No hay seguidismo de Washington frente a Venezuela. Maduro zanjó la imposible cohabitación del ejecutivo y un legislativo dominado por la oposición anulando este. Las democracias latinoamericanas reprueban ese despotismo
El año 2015 marcó uno de los mejores momentos de la integración latinoamericana en toda su historia. Arrancó con el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba y con el avance definitivo del proceso de paz en Colombia. En la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en San José, Costa Rica, participaron los 33 países miembros. Y a la de las Américas, en Panamá, unos meses después, asistieron los mismos 33, incluida Cuba sin ser miembro de la OEA, más Estados Unidos y Canadá
Dos años más tarde, en la nueva cita de la Celac en Punta Cana, República Dominicana, sólo se acreditaron ocho presidentes, casi todos, de países afiliados a la Alianza Bolivariana de Nuestra América (ALBA). En poco más de un año, el integracionismo se había deprimido de manera dramática ¿Por qué? Según los medios oficiales cubanos y venezolanos, y sus no pocos partidarios en la izquierda iberoamericana, la crisis de la Celac era consecuencia de la llegada de la derecha al poder en Argentina, Brasil y Perú. Sin embargo, un análisis histórico más preciso permite sostener que en 2016, ya gobernando Mauricio Macri, Michel Temer y Pedro Pablo Kuczynski, los foros regionales se mantuvieron a flote.
El quiebre de América Latina y el Caribe se produjo cuando la crisis venezolana llegó a un punto de no retorno en octubre de ese año, con la desestimación del referéndum revocatorio por el Consejo Nacional Electoral y la posposición indefinida de las elecciones locales y regionales. Es entonces que la oposición comienza a manifestarse en las calles, primero gradualmente, y a partir de marzo de 2017, tras el intento de transferencia del poder legislativo de la Asamblea Nacional al Tribunal Supremo de Justicia, de manera sistemática. A partir de abril, el tema venezolano comienza a dividir a los gobiernos latinoamericanos en varios foros: Mercosur, Unasur, Celac, OEA.
Entre marzo y mayo, cuando el gobierno de Nicolás Maduro idea la solución de una Asamblea Constituyente, las protestas populares se habían vuelto cotidianas y a inicios del verano cobraban más de 100 víctimas. Para entonces, ya las cancillerías latinoamericanas se posicionaban, especialmente dentro de la OEA, sobre el conflicto venezolano. Todas favorecían el diálogo entre gobierno y oposición, dando por sentado que en el país se vivía algo cercano a una "crisis humanitaria". Pero se dividían en cuanto a la solución constituyente: la mayoría de los países continentales se oponía a esa salida y sugería la recuperación del calendario electoral, mientras que las naciones de la ALBA (Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba y varias islas del Caribe) secundaban al gobierno.
Colombia, Perú, México y Chile fueron los primeros en rechazar la amenaza militar de Trump contra Venezuela
Al enfrentar las posiciones de México, Colombia, Perú, Argentina e, incluso, Chile y Uruguay, dos países gobernados por la izquierda, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y la canciller Delcy Rodríguez aseguraban que esos gobiernos respondían a presiones de Washington. Pero no fue hasta fines de julio de 2017, días antes de la elección de la Asamblea Constituyente, que la administración de Donald Trump adoptó las primeras sanciones contra el gobierno de Maduro. Desde marzo, casi todos los gobiernos latinoamericanos habían hecho, por sí mismos, una interpretación crítica de la realidad venezolana. La mejor prueba de que esa posición no repetía mecánicamente la perspectiva de Estados Unidos es que en cuanto Trump hizo amenazas de intervención militar, los primeros gobiernos en rechazarlas fueron el colombiano, el peruano, el mexicano y el chileno, cuatro de los más enfáticos en el cuestionamiento de la deriva autoritaria.
